La sala del Senado aprobó esta tarde, en primer trámite constitucional, el proyecto del Ejecutivo que sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, la cual será despachada para continuar mañana con su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, ingresada el 23 de mayo de 2012, propone una legislación moderna, ágil, eficiente y transparente, acorde con la realidad jurídica, económica y social chilena y en línea con las mejores prácticas internacionales. Incluye procedimientos concursales adecuados para cada deudor en dificultades, sean éstos micro, pequeños, medianos o grandes, personas jurídicas o naturales, en equilibrio con la debida protección a los acreedores y sus garantías.

Al respecto, el ministro de Economía, Félix de Vicente, señaló que el proyecto tiene por objeto permitir a los emprendedores sobreponerse y resurgir cuando algún proyecto empresarial fracasa. “Creemos firmemente que esta nueva legislación cambiará para bien la vida de miles de emprendedores, quienes tendrán por fin una herramienta legal que los ayude a levantarse ante las dificultades económicas”.

“Tan necesarias como las políticas públicas que incentivan el inicio del emprendimiento son aquellas que facilitan su término, entendiendo esto como parte del proceso de emprender” enfatizó De Vicente al término de la sesión.

Para ello, el proyecto de ley permitirá potenciar la reorganización por sobre la liquidación; incentivando la conservación de una empresa como unidad productiva y generadora de empleo, por sobre su liquidación.

Además, establece a la quiebra como causal de término del contrato de trabajo, otorgándoles la anhelada certeza a los trabajadores que se ven afectados por la quiebra de una empresa, respecto de la fecha de término de su relación laboral y de las prestaciones que les corresponden, garantizando y facilitando el ejercicio de sus derechos.

Por su parte, la superintendenta de Quiebras, Josefina Montenegro, destacó la incorporación de un procedimiento especial para la persona natural, quien con la Ley actual debe someterse al mismo procedimiento que una empresa, con los tiempos, costos y estigma asociados.

“El proyecto viene a responder una gran necesidad de nuestra sociedad con los deudores personas naturales no comerciantes, tales como los trabajadores dependientes, dueñas de casa, estudiantes, jubilados y demás sujetos de crédito, quienes podrán acogerse a un procedimiento gratuito de renegociación de sus obligaciones, ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la que actuará como facilitadora, para el acuerdo del deudor con sus acreedores”, explicó.

El proyecto ahora continúa su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Al respecto el titular de Economía destacó el nivel de consenso que ha alcanzado el proyecto e invitó a los parlamentarios a aprobar una legislación que “contribuirá no sólo al dinamismo de nuestra economía, sino a miles de emprendedores y personas que hoy piden una ayuda legal que les permita seguir emprendiendo”.

Fuente: Estrategia