Si no hay sorpresas de última hora ni «grandes locuras», el pleno del Congreso de los Diputados dará hoy el visto bueno al polémico Decreto Ley de Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, publicado el pasado día 21 de diciembre en el BOE y que recoge un cambio normativo por el que, a partir del mes pasado, las empresas y los trabajadores empezarán a cotizar por determinadas retribuciones en especie.

La oposición a la medida ha llegado prácticamente desde todos los frentes. Fuerzas políticas como CiU abogan por iniciar una tramitación de ley, en lugar de la forma del Real Decreto, para poder presentar enmiendas e introducir cambios durante la tramitación. Desde los sindicatos y la patronal las críticas en la última semana también se han multiplicado, empezando por la petición de una reunión de urgencia por parte de su presidente, Juan Rosell.

CEOE reitera quelas subidas costarán 2.500 millones de euros a las empresas

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, reiteró ayer que el impacto de la medida se estima «aproximadamente en un punto de las cotizaciones, alrededor de 2.500 millones de euros uniendo la subida de la base máxima de cotización del 5%, el resto de las incorporaciones de los salarios en especie y la subida de los autónomos en sus diferentes facetas».

Terciado criticó al Gobierno por la «inseguridad jurídica» generada al cambiar las reglas de juego «a mitad de partido y sin capacidad de reacción dentro de las empresas que ya tienen planificada su estrategia financiera de todo el año».

No hay marcha atrás

Sin embargo, el Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás. Fuentes de Empleo descartaron como muy poco probable una modificación significativa y cerraron la puerta a una tramitación como ley, algo que «nunca se planteó». Aunque anoche, al cierre de esta edición, no veían imposible cambios menores en algún punto. O, como señaló la propia ministra, Fátima Báñez, «flexibilidades». Por ejemplo, en los plazos. En 2013, la Seguridad Social aprobó hasta 116.000 aplazamientos de pagos de empresas y administraciones públicas por diferentes motivos, con un monto total de 2.200 millones de euros, como adelantó ayer oportunamente la titular de Empleo.

CEOE es consciente de que, habiendo entrado en vigor el Real Decreto, el margen de actuación es pequeño, pero las presiones sobre Moncloa y el Ministerio siguen siendo constantes.

Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal, considera que las mismas seguirán en esa línea, intentado retrasar la aplicación del decreto para «negociar con más tranquilidad» y estudiar otras fórmulas, «ya que es un tema de mucho calado».

'Los derechos no se trocean'

Fuentes del Gobierno explicaron a Europa Press sin embargo que el desarrollo reglamentario «no tiene mucho recorrido» y que lo que es del todo impensable es un parche. Es decir, que no se escucharán las peticiones de los empresarios para que, de aprobarse definitivamente la iniciativa, se haga de forma escalonada, que no todos los conceptos tributen o que no lo hagan al máximo. «Los derechos no se trocean», zanjan.

El Ejecutivo insiste en que este cambio de la tributación favorece a los trabajadores al aumentar la base de cotización y de cara a las prestaciones; que es lo más justo y evitará que parte de los sueldos cada vez más importantes se abonen a través de estos mecanismos en especie. Además de proporcionar 900 millones de euros adicionales, cada año, para paliar las cuentas de la Seguridad Social, pues, en el fondo, quien ha impulsado el decreto es Hacienda.

Los empresarios han advertido que la medida tendrá un efecto muy nocivo para la recuperación y sobre el empleo, hablando de miles de puestos perdidos, y más en un momento delicado como el actual, pero desde Empleo responden que «no existe un momento bueno», y por lo tanto, cualquiera lo es.

Fuente: El Mundo.