La administración del gobernador Luis Fortuño destinó al menos $247.6 millones a iniciativas de creación y retención de empleos en Puerto Rico, pero tales esfuerzos no resultaron efectivos si se considera que la Isla tiene la tasa de participación laboral más baja de su historia.

La información trascendió en el tercer día de vistas públicas del proceso de transición, una jornada donde funcionarios del Departamento del Trabajo y Recursos (DTRH) y de las agencias públicas relacionadas con el fomento del empleo en Puerto Rico ofrecieron cifras incongruentes, tanto de los fondos que administraron, como de los empleos que pudieron retener o crear en cuatro años.

Por un lado, el DTRH destacó que entre los años 2009 y 2012 invirtió unos $165 millones en incentivos salariales a través de la Ley de Seguridad en el Empleo (Ley 52). La cifra propició la creación o retención de 16,135 puestos de trabajo, lo que implica que el Gobierno invirtió por cada uno de esos empleos unos $10,226.

La secretaria interina del DTRH, Elvira Cancio, destacó también los avances en la producción de estadísticas laborales –un señalamiento hecho por las autoridades federales que le expuso a la pérdida de fondos– y aquellos en la prestación de servicios a patronos y desempleados. Estos últimos recibieron $42 millones del Seguro por Desempleo.

De igual forma, se resaltó la asignación de unos $23.5 millones al programa de Fomento al Empleo, lo que se hizo con un préstamo al Fondo del Seguro Choferil, todavía por pagarse, pero no se indicó cuántos empleos se crearon por tales iniciativas.

Confusión con los fondos WIA

Mientras, cuando Aurelio González Cubero, jefe de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), ofreció detalles de los fondos federales por la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés), este solo reseñó las cifras del año fiscal en curso. En el año fiscal 2012-2013, la ADL recibió unos $58 millones por ese concepto.

La cifra actual, explicó, es mucho menor de lo recibido en años anteriores, pero el funcionario no precisó cuántas personas se beneficiaron de estos ni cuántas otras participaron de otro $1 millón asignado al Programa de Mujeres Empresarias.

Por otra parte, el equipo saliente no pudo asegurar que los pagos hechos a los contratistas Platinum Advisors y Tornasol, entre otros, se tradujeron en servicios o en un nuevo empleo para miles de trabajadores desplazados.

Al inicio del cuatrienio, tales empresas recibieron contratos del Gobierno para atender a unas 23,000 personas que perdieron sus empleos en el sector público y privado. El pago por cada desplazado fue de unos $1,200 por cabeza para un total de unos $27.6 millones.

Asimismo, y a preguntas del Comité de Transición del gobernador electo Alejandro García Padilla, los funcionarios del DTRH tampoco pudieron precisar cómo el Gobierno otorgó contratos ascendentes a $64 millones a la empresa Perfect Cleaning Systems (PCS) y, al mismo tiempo, le autorizó a no pagar el bono de Navidad a sus 66 trabajadores.

Sed de transparencia

“No hay estadísticas válidas y confiables de creación de empleos según los fondos dispuestos para ese propósito”, dijo la perita en administración pública Palmira Ríos, quien integra el Comité de Transición del gobernador electo García Padilla.

“Si todos estos esfuerzos importantísimos no están dando los resultados que se esperan, uno esperaría que hubiera una revisión. ¿Qué evaluación están haciendo más allá de ofrecer adiestramientos?”, cuestionó la directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Ríos destacó que la situación reafirma la necesidad de mayor transparencia, tanto en la divulgación de los incentivos que se otorgan a empresas, de cualquier índole, como en los métodos que se utilizan para otorgarlos, sean fondos estatales o federales.

“En cuanto a los requerimientos federales, hay volúmenes de carpetas de información... Son documentos públicos que son parte de los expedientes del Departamento. Tenemos un librero lleno de documentos, pero la información específica sobre los programas federales la podemos compartir”, contestó a El Nuevo Día la secretaria interina Cancio, cuando se le pidió precisar qué señalamientos federales corrigió la administración Fortuño y que evitaron la devolución de dinero al Gobierno federal.

La falta de precisión en las gestiones a favor del empleo en los pasados cuatro años suponen un complejo preludio a las promesas hechas por el gobernador electo García Padilla. El líder estadolibrista se ha propuesto crear unos 50,000 en los primeros 18 meses de su mandato.

Si bien la pérdida de empleos entre los años fiscales 2009 y 2011 (y que rondó unos 136,000 empleos menos) se detuvo, en los pasados 18 meses, la administración Fortuño creó unos 24,000 puestos de trabajo.

Ello contribuyó a que en octubre la tasa de desempleo se ubicara en 13.8%. Pero también, hasta septiembre de este año, el número de personas que se ha salido de la fuerza laboral llegó a un nuevo pico, ubicándose en 1.9 millones de personas.

Más carga y menos dinero

La falta de empleo es considerada como el principal escollo que encara la economía puertorriqueña.

Empero, en las vistas públicas de ayer trascendió que el DTRH opera con un 50% menos de presupuesto de lo asignado hace unos cuatro años, pero tiene más responsabilidades. Esto porque con la reorganización de la rama Ejecutiva, el DTRH ahora realiza las labores que antes tenía la Administración de Derecho al Trabajo (ADT) y de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores(AAFET).

En el año fiscal 2009, la agencia tenía un presupuesto de unos $22.3 millones y al presente, ronda en unos $10.4 millones.

Tales recursos deben utilizarse para crear empleos, pero también para tareas muy complejas. Entre estas: recobrar unos $243 millones que los patronos adeudan de seguro por desempleo y por Incapacidad No Ocupacional (Sinot) y negociar unos 65 convenios colectivos con agencias de gobierno. De esos convenios, quedan unos 22 que deben completarse en los próximos seis meses.

Fuente: El Nuevo Día