Por “engavetar” de forma sistemática peticiones y quejas y reclamos de los usuarios de servicios telefonía fija e internet, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó económicamente a dos filiales de la operación en Colombia de la multinacional mejicana Claro.

Se trata de las sociedades Télmex Colombia y Telmex Telecomunicaciones y cada una deberá pagar una multa de dos mil salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 1,179 millones de pesos, la máxima permitida.

Así lo anunció en la mañana de este jueves el superintendente Pablo Felipe Robledo del Castillo, durante la apertura del Congreso sobre Derecho y Economía de la Competencia en Colombia, en Medellín.

El funcionario explicó a El Colombiano que se trata de la multa más alta de la historia impuesta a una empresa relacionada con la protección de los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de comunicaciones.

“Estas dos empresas no dieron el debido trámite a más de 1.100 peticiones, quejas y reclamos de usuarios y la SIC considera que eso viola los derechos de los consumidores, pues debieron ser tramitadas en máximo quince días después de presentadas”, explicó el funcionario.

Aclaró el superintendente que esta sanción tienen recursos de reposición y de apelación ante la misma SIC, por parte de las empresas afectadas, ambos con términos de dos meses para su trámite y respuesta.

“Más allá de todas las limitaciones de la calidad de los servicios de comunicaciones, no hay derecho a que a los colombianos los maltraten como consumidores y las empresas no cumplan con el régimen de protección a los usuarios”, concluyó el funcionario.

Cabe anotar que a comienzos de septiembre pasado, ante otra millonaria sanción de 87.750 millones de pesos, el presidente de Claro en Colombia, Juan Carlos Archila, debatió las imputaciones de la SIC por considerarlas muy extremas.

Para ese momento, según la compañía, las sanciones sumaban 392.950 millones de pesos. Eso equivale a cerca de un 5 por ciento de los ingresos anuales de la compañía. Los mayores montos son por sanciones asociadas a un presunto abuso de posición dominante y otras supuestas conductas infractoras de la libre competencia.

Fuente: El Colombiano