La Argentina figura entre las 13 naciones, de un total de 178, con menor libertad económica, de acuerdo con la vigésima edición del ranking de Libertad Económica Mundial, elaborado por la Heritage Foundation en colaboración con el diario de negocios The Wall Street Journal.

El informe da cuenta que “los derechos de propiedad” junto con la falta de “libertad financiera” son los dos rubros más afectados por el gobierno argentino frente a la comunidad de negocios.

Esta posición “refleja una disminución sustancial en la libertad de inversión, libertad comercial, libertad de trabajo y la gestión del gasto público. Argentina ocupa el lugar 27 de 29 países de la región de América Central, del Sur y el Caribe, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales”, destaca.

El documento puntualiza que “durante los 20 años de historia del índice, la libertad económica de Argentina ha caído al estado reprimido. Ocho de las diez libertades económicas analizadas se han deteriorado debido a las políticas que incluyen severos controles de capital, la fijación de precios, las restricciones a las importaciones y una serie de nacionalizaciones”.

Más adelante detalla que “la injerencia del Estado en la economía argentina ha crecido sustancialmente desde 2003, lo que acelera la erosión de la libertad económica. Deficiencias institucionales siguen socavando las bases de un desarrollo económico duradero. El sistema judicial se ha vuelto más vulnerable a la interferencia política y la corrupción es frecuente. La presión regulatoria en el sector privado ha seguido aumentando, con medidas de gasto populistas y el control de precios que distorsionan aún más los mercados”.

El informe de la Heritage Foundation pone de relieve que “bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina ha fortalecido lazos con los gobiernos de la región que son hostiles a la libertad y ha amenazado el derecho de autodeterminación de las Islas Malvinas. El poder judicial se ha politizado, y el Banco Central ya no es independiente”.

“La incautación del gobierno de casi U$S 30 mil millones en fondos privados de pensiones en 2008, la falta de un acuerdo con los acreedores desde el default de 2002 y la expropiación de la filial YPF de la petrolera española Repsol en 2012 han dañado gravemente el perfil de inversión de Argentina. Aunque la economía se ha beneficiado de los precios de las materias primas en auge, las políticas fiscales y monetarias expansivas han alimentado ya la alta inflación que se subregistró en las estadísticas oficiales y los controles de divisas han creado un mercado negro de dólares”, dice.

Respecto del estado de derecho, el documento puntualiza que “en 2013, frente a un deterioro del balance de pagos, el gobierno impuso prohibiciones draconianas sobre las transacciones en divisas para proteger la disminución de las reservas en dólares. También aprobó una ley que intenta debilitar el poder judicial, ya vulnerable a la corrupción. La protección de los derechos de autor y las patentes es problemática. El gobierno se ha apoderado de la propiedad privada y manipula las estadísticas oficiales de inflación para reducir los intereses pagados a los tenedores de bonos”.

Fuente: El Litoral.