El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que prevé la creación del denominado «visado de residencia para inversores». Un reclamo con el que el Ejecutivo popular quiere atraer capital hacia España.

En concreto, el anteproyecto fija que los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan en España, verán facilitada su entrada y permanencia en nuestro país por razones de interés económico, siempre que acrediten ser inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores o científicos o trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas.

Dentro de este punto, se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 euros anunciados inicialmente. Además, prevé otorgar el permiso de residencia a los foráneos que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que la ley incluye un mecanismo para favorecer la «segunda oportunidad» empresarial que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.

El anteproyecto de ley de emprendedores incluye, asimismo, importantes incentivos fiscales y laborales, así como medidas para favorecer el acceso al crédito de las pymes. La norma prevé que las pymes o profesionales que no facturen más de dos millones de euros puedan aplazar el pago del IVA hasta que el empresario o autónomo haya cobrado su factura. El Gobierno calcula que esta medida beneficiará a casi 1,3 millones de autónomos y a más de un millón de pymes.

También se incluyen facilidades para promover la cultura emprendedora como que los autónomos no tengan que responder a las deudas con su vivienda habitual con un máximo de 300.000 euros.

Asimismo, se incluyen incentivos fiscales a la reinversión de beneficios empresariales en las pymes, de modo que la tributación definitiva de los beneficios invertidos y no distribuidos se situará en el 15%, frente al tipo general del 25%. Además, se mejora la deducción por actividades de investigación y desarrollo, con un límite máximo conjunto de 3 millones de euros anuales.

Para no penalizar a los trabajadores que cotizan por el régimen general pero que realizan actividades económicas y tienen que cotizar por otro régimen, se reducen las cuotas a la Seguridad Social para aliviar la actual penalización e incentivar la pluriactividad. La ley agilizará los trámites y eliminará burocracia para poner en marcha las empresas. Así, los negocios de menos de 500 metros no necesitarán licencia municipal. Este impulso a la creación exprés de empresas se completará con la posibilidad de poner en marcha un negocio sin escritura pública en 24 horas, con un coste de 40 euros. Con escritura, el plazo será de 48 horas y el coste de 100 euros.

Fuente: ABC