La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó ayer a España rebajar los costes del despido, ampliar los períodos de prueba antes de contratar, limitar el poder de los jueces a la hora de invalidar extinciones de contratos colectivos y ligar las subidas de los salarios a la productividad. En un informe, el organismo analiza la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012, y que ahora se pretende modificar, de la que asegura que va en la dirección correcta. La OCDE afirma que tal reforma ha contribuido a aumentar la contratación indefinida y la flexibilidad interna.

Pese a las alabanzas, el documento recomienda llevar a cabo nuevos ajustes dirigidos, especialmente, a facilitar los despidos. Estas propuestas llegan además en un momento en el que el Gobierno está planeando nuevos cambios en la legislación laboral. La OCDE asegura que "son necesarios cambios adicionales para bajar la tasa de paro, sobre todo entre los jóvenes y los parados de larga duración" y para reducir la segmentación del mercado laboral, en el que la mayoría de los contratos siguen siendo temporales.

Una de las propuestas que realiza en el documento supone establecer la llamada figura del despido colectivo improcedente, para evitar la posibilidad de que los tribunales invaliden los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ordenen la reincorporación a los puestos de trabajo extinguidos. Otra de las medidas que recomienda implica incrementar la duración de los periodos de prueba de los contratos indefinidos, ya que considera que las empresas tienden a usar la contratación temporal para probar a los nuevos trabajadores antes de decidir si los incorporan definitivamente a la plantilla.

La propuesta estrella consiste en abaratar aún más la indemnización por despido en los contratos indefinidos para acercarla a lo que se pagan en otros países miembros de la OCDE. La indemnización en España es de las más altas, apunta el organismo. También asegura que es necesario reducir los mayores costes que soportan las grandes empresas a la hora de acometer despidos colectivos. El director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, apuntó que el coste de despedir puede ser "una falta de incentivo para los empresarios a la hora de hacer contratos fijos".

De acuerdo con su análisis, la reforma laboral podría haber creado unos 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes, la mayoría en las empresas de menos de 100 empleados. La nueva normativa laboral, sostiene la OCDE, ha ayudado a reducir el tiempo que se pasa en el desempleo y el que se tarda en lograr un contrato indefinido.

La OCDE asegura que las bajadas de salarios que se han producido en España en los últimos años son "dolorosas", pero apunta que "eran necesarias". Sin embargo, resalta que todavía no es posible decir si la reforma laboral va a restaurar la competitividad a medio y largo plazo. Por el momento, el informe sostiene que su impacto es "reducido" y que llevará tiempo que la dualidad del mercado laboral (las diferencias entre trabajadores temporales e indefinidos) se reduzca de forma significativa.

Tras conocer los resultados del informe, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que los "pequeños ajustes" que se aplicarán en la reforma laboral de 2012 son los que permitirán que "despliegue todo su potencial" en un nuevo escenario de crecimiento económico, tras los "frutos" que hasta ahora ha cosechado la nueva regulación.

El balance

Creación de empleo

El organismo hace un balance positivo de la reforma laboral que, según sus cálculos, ha hecho posible la creación de 25.000 empleos al mes. Para llegar a esa cifra se tienen en cuenta los contratos de emprendedores que se crearon con la nueva ley, la conversión de temporales en indefinidos y una estimación de cuántas personas habrían perdido su puesto sin la reforma.

Propuestas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que hay margen de mejora en las políticas dirigidas a promover la reincorporación de parados al mercado laboral, con un servicio de formación y búsqueda de empleo más eficaz. Se pide también abaratar más la indemnización por despido y limitar el papel de los jueces en los expedientes de regulación.

Fuente: Ine